El máximo tribunal dejó sin efecto sentencias que habían declarado la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la actualización monetaria y dispuso que se dicten nuevos fallos conforme a los criterios establecidos por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Mediante un fallo dictado el 5 de noviembre de 2026, en los autos “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido” y causas conexas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo, correspondientes a juicios que aún no cuentan con sentencia definitiva, deben ajustarse conforme al régimen previsto en el artículo 55 de la Ley 27.802. En consecuencia, dejó sin efecto las decisiones recurridas y ordenó el dictado de nuevos pronunciamientos de acuerdo con dicha normativa.
La CSJN mediante fallo de fecha 5 de noviembre de 2026 dejó sin efecto las decisiones recurridas que declararon la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto prohíben la actualización monetaria y se ordena dictar nuevos fallos conforme al régimen de actualización previsto por el artículo 55 de la Ley 27.802
El nuevo artículo 55 LCT dispone: «En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios: a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente; b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual; c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo.». El precepto señala, asimismo, que sus disposiciones «son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte.».
Organismo: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Expedientes: “Cabana Opanasiuk, Leonardo c/ Unir SA y otros s/ despido” (CNT 27766/2020/CS1 y otros),
Fecha: 5 de noviembre de 2026
